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Publica Página/12

 

Por Mariano Blejman


En el último año, el hashtag #leysinde ha sido tema del momento a nivel mundial en Twitter, con público no exactamente a favor. ¿Por qué? Básicamente, la Ley Sinde le da derecho al Ministerio de Cultura de ese país a cerrar sitios, previa autorización de los jueces, que violen derechos de propiedad intelectual. Pues bien, el sábado pasado, la famosa funcionaria Angeles González-Sinde anunció en el Festival de San Sebastián que dejará la política después de sus elecciones de noviembre.

 

"Es una falsa polémica", dijo Santos Fernández Castro, director general de Política e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura de España, cuando se le preguntó por el intenso debate que ha generado en Iberoamérica la llamada Ley Sinde, cuya autora se esperaba en Argentina en estos días aunque finalmente no vino. En cambio, al Congreso Iberoamericano de Cultura en Mar del Plata vino Fernández Castro, para participar en la mesa “Producción cultural y nuevas tecnologías”, moderada por este cronista, junto a Marcos Dantas de Brasil y Liliana Mazure, la presidenta del Incaa, en Argentina. Para Fernández Castro conceptos como “industria cultural” y “propiedad intelectual” van necesariamente de la mano, aunque sea en desmedro de la libertad de expresión de los usuarios. “Es que yo no creo que sea así”, respondió cuando se le preguntó sobre su posición al respecto a Fernández Castro.

 

El objetivo de la Ley Sinde es acelerar el cierre de sitios que violarían derechos de autor, pero no es claro el límite para esos cierres y dónde terminan sus poderes. Pero más allá del esfuerzo de convertir a un Ministerio de Cultura en una “policía cultural”, lo que otros especialistas españoles critican de esa ley es la impericia técnica de la misma y la poca comprensión sobre el funcionamiento del mundo digital. Para demostrarlo, el abogado David Bravo hizo un experimento el 15 de septiembre en el Festival de Cine de San Sebastián bajo el hashtag (tema) #tablasinde. Durante su conferencia en el festival, Bravo abrió un documento colaborativo de Google Docs y a través de Twitter pidió que todo aquel que quisiera hacerlo podía pegar en el documento enlaces a películas para bajar libremente de Internet. En pocos minutos, más de cien personas habían subido cerca de trescientos enlaces a películas y el documento se había replicado unas veinte veces. Es decir, en unos minutos se habían creado veinte sitios web con información de descarga. ¿De qué manera la “policía cultural” podrá cerrar todos estos sitios repartidos por el mundo de manera eficiente?, se preguntaba Bravo, demostrando la inutilidad de la legislación que fue aprobada este año.

 

Según se demostró en diciembre pasado gracias a cables del Departamento de Estado de Estados Unidos, filtrados por Wikileaks, la Ley Sinde está plagada de párrafos que parecieran dictados por los grandes distribuidores estadounidenses. La política de Estados Unidos en materia de “propiedad intelectual” ha quedado demostrada en la inmensa cantidad de cables liberados en el mundo bajo la palabra clave “KIPR”. En Argentina, la posición de Liliana Mazure del Incaa también quedó clara en la mesa de Mar del Plata, cuando se refirió al asunto de las “falsas polémicas”. Pero desde otra perspectiva. La opinión de Mazure es que un debate más interesante que el de quién viola el derecho de autor es el de quién y cómo se llevan los dividendos por publicidad que ya existen relacionados con contenidos locales. Un debate más preciso, se sugirió, es preguntarse por los depositarios de las increíbles ganancias por publicidad de plataformas globales generadas a partir de contenidos locales o regionales, o de contenidos internacionales consumidos regionalmente. Hecha la ley, Sinde anunció que volverá a la actividad cinematográfica.

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