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Ángeles González-SindeLa concesión de 150.000 euros por parte del Grupo Planeta a la ex ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, como finalista de su premio de novela, tiene toda la apariencia de ser un pago por los servicios prestados al lobby de la industria cultural frente a los intereses de los internautas (o lo que es lo mismo, de los ciudadanos). Una forma de pago que resultaría, a su vez, un seguro negocio para ambas partes. La ley de incompatibilidades (a la que todavía está sujeta la ex ministra) tiene como finalidad restringir la relación comercial de políticos y funcionarios, una vez abandonados sus cargos de responsabilidad, con empresas privadas del ámbito económico sobre el que han intervenido o legislado. Así se pretende evitar actuaciones delictivas o que den lugar a la sospecha. Parece que la Ley prohíbe las contrataciones como retribución indirecta por una supuesta prevaricación, pero no contempla negocios y pagos por medio de galardones. El bochornoso episodio es difícil de perseguir como delito, ya que establecer una relación directa entre las decisiones de la ex ministra sobre el sector y la decisión del jurado de tan transparente y prestigioso premio literario, se antoja imposible. Siempre quedará el consuelo de la justicia impartida por la crítica literaria independiente.

Colaboramos con:

                               Concurso jóvenes talentos                                              Universidad Camilo José Cela